Un pedido de Mesa al Congreso en 2004 enfrenta al MAS y CC

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Las declaraciones que realizó el expresidente y candidato Carlos Mesa sobre un pedido que hizo, en 2004, para beneficiar a ciudadanos y tropas estadounidenses fueron el detonante para que la dirigencia del MAS reviva ese episodio y ayer mostró las cartas que mandó Mesa al Legislativo. La dirigencia de Comunidad Ciudadana (CC) afirmó que se trata de una cortina de humo que intenta desviar la atención del escándalo de la Policía en Santa Cruz.

“Aunque él intente negar, mentir, tergiversar, los hechos históricos demuestran otra cosa. Él tuvo la voluntad de otorgar inmunidad a los militares norteamericanos que hubieran cometido crímenes de lesa humanidad en nuestro territorio”, dijo ayer Adriana Salvatierra, presidenta del Senado, luego de exhibir las misivas que mandó en esa oportunidad el entonces presidente Carlos Mesa, para ratificar un acuerdo entre Bolivia y Estados Unidos.

Se trata de un acuerdo bilateral entre los dos países suscrito en mayo de 2003, cuando Gonzalo Sánchez de Lozada era presidente y Mesa, vicepresidente. Ese acuerdo establecía que ningún ciudadano de EEUU podía ser entregado a la Corte Penal Internacional o ser juzgado en el país, y que solo se aplicaría a las leyes de la potencia del norte. El acuerdo fue aprobado en el Senado en mayo de 2004.

El que fuera viceministro de Justicia y actual abogado de Carlos Mesa, Carlos Alarcón, aseguró que todo forma parte de la guerra sucia que lleva adelante el MAS y que el objetivo principal es el desvío de la atención pública para que ya no se siga hablando del escándalo de la Policía y que afecta a las estructuras del Gobierno.

Recuerdo

Gustavo Torrico, en ese entonces diputado del MAS, recordó que la bancada del MAS fue marginada de esa aprobación y que, al día siguiente, cinco diputados de su partido -Evo Morales, Edmundo Novillo, Santos Ramírez, Antonio Peredo y él- fueron a hablar a Palacio de Gobierno con Carlos Mesa y ahí les dijo que la aprobación de ese acuerdo viabilizaría el préstamo de $us 40 millones para aliviar al Ejecutivo. Luego de eso, dijo, se convocó a la COB, mineros y militancia que finalmente truncaron esa aprobación con protestas.

Alarcón, que ahora es abogado de Mesa, respondió que él era viceministro de Justicia y que hubo declaraciones suyas que censuraban la aprobación del acuerdo, y que por esa razón se truncó todo. También aseguró que jamás se habría aprobado, porque los partidos políticos de entonces tenían el manejo del Congreso y que el MAS era parte de todo eso.

El portavoz de CC, José Luis Bedregal, acusó a los dirigentes del MAS de estar acostumbrados a realizar acusaciones con medias verdades y que convirtieron a Adriana Salvatierra en una operadora electoral que intenta descalificar a la candidatura que puede llevar a Evo Morales a una segunda vuelta en los comicios.

Para Gustavo Torrico, Carlos Mesa está acostumbrado a afirmar una cosa primero y luego desdecirse en seguida y recordó las declaraciones del candidato de CC sobre los bonos sociales del Gobierno cuando habló del rentismo en Bolivia. “El fin de semana dijo que no firmó ningún papel y no aprobó ningún convenio. Claro pues, fue porque nosotros no se lo permitimos, eso está claro y él lo sabe. Yo estuve en esa reunión en la que el actual presidente (Evo) Morales le recriminó la forma como quería aprobar ese acuerdo”, contó.

El senador Arturo Murillo, que fue parte del Legislativo desde 2006, recordó las versiones sobre ese episodio y aseveró que él vio la denuncia de la senadora Salvatierra. “Ha hecho una acusación con documentos y creo que debe ser el candidato Carlos Mesa quien debe responder por eso”, agregó.

El diputado Amilcar Barral dijo que el MAS busca cualquier excusa para atacar al candidato de CC en procura de mellar su posición en las encuestas, que en todos esos sondeos lo colocan en segundo lugar y por tanto amenaza al oficialismo. Mientras que la senadora Salvatierra consideró a Mesa como una amenaza para los DDHH si gana las elecciones y cree que puede promover un acuerdo que permita la impunidad de potencias extranjeras.

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